En un paraje rural, a unos 400 metros de la entrada principal del corregimiento de El Socorro, municipio de San Pablo (Bolívar), fueron encontrados sin vida dos hombres: Nerley Ayala, alias “Tundi”, y Leiver Rodríguez, conocido como “El Negrito Osorio”.

Según versiones preliminares, las víctimas habrían sido sacadas del municipio y luego ejecutadas con arma de fuego, para posteriormente ser abandonadas a un costado de la vía. La escena fue descrita por la comunidad como estremecedora y, además, se suma a un patrón de violencia que se repite en el sur de Bolívar: ejecuciones selectivas cometidas por grupos armados ilegales que buscan imponer su régimen de control.

Este nuevo crimen se inserta en un contexto crítico. En la región operan estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que se disputan el control de rentas ilícitas derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Producto de esa confrontación, más de 9.000 campesinos se encuentran confinados, sin acceso a alimentos, salud ni movilidad.

La situación es especialmente delicada en municipios como Simití, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Arenal del Sur, donde el uso de minas antipersonal, drones con explosivos y ataques contra la infraestructura pública mantienen a la población bajo una amenaza constante.

Frente a esta emergencia, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales han reiterado el llamado urgente al Gobierno Nacional y a organismos internacionales para que atiendan la crisis humanitaria. Entretanto, expertos en conflicto armado advierten que los jóvenes deben evitar transitar solos por zonas de alto riesgo, pues “en el sur de Bolívar, cualquier paso en falso puede significar convertirse en objetivo de los grupos armados”.