La Fiscalía General de la Nación radicó acusación formal contra Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, exmagistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, por su presunta responsabilidad en un millonario desfalco contra Ecopetrol y el Estado.

De acuerdo con el ente acusador, entre mayo y julio de 2010, la entonces magistrada habría emitido ocho fallos de tutela irregulares que beneficiaron a 407 empleados de la petrolera estatal, ordenando pagos por un total de $3.217 millones de pesos. Según la investigación, Jiménez Méndez reconoció factores salariales a los trabajadores sin que estos cumplieran los requisitos legales, contrariando sentencias previas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los delitos imputados son prevaricato por acción en concurso heterogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en concurso homogéneo. La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria actuó de manera deliberada, apartándose de los principios que rigen la acción de tutela —inmediatez, subsidiariedad y cosa juzgada— y desconociendo fallos de primera instancia que habían negado las pretensiones de los empleados.

La gravedad del caso no solo radica en el daño patrimonial causado a Ecopetrol, considerada empresa estratégica del Estado, sino también en el impacto a la confianza ciudadana en la justicia. “Este proceso refleja cómo una investidura judicial puede ser utilizada para favorecer intereses particulares en detrimento de la legalidad y de los recursos públicos”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Jiménez Méndez deberá responder ahora ante un juez de conocimiento, en un juicio que pone bajo escrutinio su actuación como magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar y reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en la Rama Judicial.