Un nuevo escándalo golpea a la Universidad de Cartagena tras descubrirse un presunto esquema de fraude durante los exámenes de admisión a las especialidades médico-quirúrgicas en la sede Piedra de Bolívar.

El hecho fue confirmado por Habid Mercado, jefe de seguridad de la institución, quien relató cómo, el viernes 3 de octubre, las inspecciones iniciales permitieron detectar un grupo de entre 16 y 20 personas distribuidas en ocho salones con dispositivos electrónicos ocultos.

“Encontramos audífonos transparentes en los oídos, equipos de grabación fijados con cinta al pecho, celulares conectados por Bluetooth y personas tomando fotos del examen para enviarlas por WhatsApp a otras”, explicó Mercado.

La investigación interna reveló que varios de los implicados ni siquiera tenían relación con el área de la salud. “Había contadores, administradores y enfermeros. Nos preguntamos qué hace un contador público en un examen de especialidad en medicina. Ellos reconocieron que habían sido contratados para hacer el fraude”, añadió el funcionario.

Según la información recolectada, algunos participantes recibían un millón de pesos por cada fotografía que lograban capturar y enviar a una “central”, donde las preguntas eran resueltas y devueltas a los aspirantes. Otros, en cambio, habrían pactado pagos de hasta 50 millones de pesos en caso de superar con éxito la prueba.

“Esto es una mafia, una banda organizada que no empezó hoy; llevan años haciéndolo”, denunció Mercado.

Red organizada en el Caribe

El modus operandi era claro: mientras unos captaban y transmitían las preguntas desde los salones, otros actuaban como “central” de procesamiento, devolviendo respuestas en tiempo real. La Universidad activó de inmediato protocolos de seguridad reforzados, con requisas minuciosas, vigilancia incluso en baños y apoyo de la Policía para identificar a los implicados.

Los presuntos responsables fueron individualizados por las autoridades. Aunque ninguno registra antecedentes judiciales, la Universidad de Cartagena prepara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar los delitos cometidos.

“Hay gente que paga 50 o hasta 100 millones de pesos por un examen de estos. En este caso, la mayoría de los que participaron eran del departamento del Cesar, creemos que se trata de una banda”, aseguró Mercado.

Este episodio genera gran preocupación por la transparencia y meritocracia en el acceso a las especialidades médicas, un campo donde los cupos son altamente demandados y la competencia es feroz.