En las montañas del municipio de Arenal, sur de Bolívar, cada paso puede ser el último. Los campesinos avanzan con cautela, observan el suelo, apartan ramas y evitan las zonas de pasto espeso. El temor no es gratuito: entre la tierra pueden esconderse minas antipersonales sembradas por los grupos armados que se disputan el control del territorio.

A pesar del riesgo, más de 500 familias desplazadas decidieron regresar a sus fincas tras un mes de permanecer en albergues improvisados en el casco urbano. Lo hicieron sin acompañamiento estatal ni garantías de seguridad, cansadas de esperar la atención del Gobierno nacional frente a la crisis humanitaria que atraviesa la región.

“Decidimos retornar al territorio sin ninguna garantía”, relata un líder social que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad. “Nosotros mismos estamos inspeccionando el terreno, mirando que no haya minas dentro de los caseríos, los cultivos, las viviendas ni el colegio. Llevamos rato viviendo esto y el Gobierno no ha puesto ninguna alerta sobre nuestro territorio”, agrega con resignación.

El sur de Bolívar sigue siendo escenario de enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que se disputan el control de los corredores mineros y las rutas del oro ilegal. En medio de esa confrontación, las comunidades rurales —sin presencia institucional efectiva— sobreviven entre el miedo, la pobreza y el abandono.

Aunque el Ejército Nacional ha anunciado operaciones en la zona, los campesinos denuncian que la ayuda humanitaria y las labores de desminado brillan por su ausencia, mientras el retorno se da bajo la consigna del “sálvese quien pueda”.