Una jueza de la República ordenó que la Fiscalía General de la Nación investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y a un general del Ejército por su presunta responsabilidad en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, cuando Uribe ejercía como gobernador del departamento.

La decisión fue tomada por la jueza Claudia Marcela Castro dentro del fallo que condenó a José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a 28 años de prisión por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999.

Según el expediente, Narváez habría entregado información al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Carlos Castaño, lo que facilitó el plagio de la congresista. En ese contexto, la jueza consideró que el ente investigador debe determinar si los hermanos Uribe tuvieron algún grado de participación en los homicidios de Umaña y Valle.

Los dos defensores habían denunciado violaciones a los derechos humanos en Antioquia, presuntamente cometidas por paramilitares en connivencia con miembros del Ejército. El fallo cita un testimonio según el cual los activistas fueron asesinados “porque estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada”.

La reacción del expresidente Uribe no tardó. A través de su cuenta en X (antes Twitter), calificó la decisión judicial como “miserable” y “basada en una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Además, aseguró que esta nueva compulsa busca “revivir acusaciones infundadas con fines políticos”.

Por ahora, la Fiscalía deberá decidir si abre formalmente la investigación o archiva la compulsa de copias. Sin embargo, el fallo de la jueza Castro ya desató una fuerte controversia en los círculos políticos y jurídicos, reavivando el debate sobre la relación entre el poder político y la justicia en Colombia.