La región Caribe vuelve a encender las alarmas por riesgos de seguridad en el contexto electoral. Según la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, los departamentos de Bolívar y Atlántico concentran la mayor atención institucional ante la presencia de grupos armados ilegales que podrían afectar el normal desarrollo de las elecciones locales.

En diálogo con EL HERALDO, la defensora del Pueblo Iris Marín explicó que, dentro de la macroregión Caribe —que abarca Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y San Andrés—, 135 municipios están bajo monitoreo. De ellos, 7 presentan un llamado a acción urgente (5,2%), 81 requieren acción prioritaria (60%) y 47 permanecen bajo observación permanente (35%).

“Los mayores riesgos o la acción institucional más intensa se requieren especialmente en municipios del Atlántico y de Bolívar”, puntualizó la funcionaria.

La Defensoría advirtió que en estas zonas persiste una fuerte disputa territorial entre el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, además de la presencia de disidencias de las FARC, el ELN y redes del crimen organizado. Esta combinación de factores genera riesgos de coerción, amenazas y posibles afectaciones a la participación democrática.

El objetivo de la alerta, según Marín, es proteger tanto a los candidatos y movimientos políticos como a los funcionarios electorales y a la ciudadanía en general, garantizando que el proceso se desarrolle con seguridad y transparencia.

Por último, la defensora aclaró que el informe paralelo del Ministerio del Interior, que identifica 104 municipios en riesgo, “utiliza una metodología diferente”, aunque reconoció coincidencias en varios territorios donde se requiere mayor presencia institucional y medidas urgentes de protección.