Después de más de un año de desacato, Fany Dinora Pachón Rodríguez se presentó voluntariamente la mañana del 6 de octubre de 2025 en la estación de Policía del barrio Nuevo Bosque, en Cartagena. La contratista decidió acatar finalmente la orden de arresto de tres días emitida por el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que había quedado en firme desde agosto de 2024.

La medida, supervisada por la SIJIN, pone fin —al menos temporalmente— a una prolongada omisión institucional. Durante más de doce meses, ni la Alcaldía de Cartagena ni la Policía Metropolitana ejecutaron la orden, pese a haber sido notificadas en repetidas ocasiones. Durante ese tiempo, Pachón continuó asistiendo a actos públicos y cumpliendo funciones contractuales con la administración.

Lo que parecía un simple desacato judicial podría escalar en las próximas semanas a un escándalo de alcance institucional. Una denuncia formal presentada por el ingeniero Álvaro González Álvarez ante la Procuraduría, la Personería y otros entes de control, exige investigaciones penales y disciplinarias contra varios funcionarios por presunto incumplimiento de la orden.

Entre los señalados aparecen el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena; Bruno Hernández Ramos, secretario del Interior; Juliana Sinning Ciodaro, directora de Función Pública del departamento de Bolívar; y la propia Pachón Rodríguez. Según el denunciante, “todas estas autoridades conocieron el fallo y omitieron ejecutarlo, permitiendo que la contratista siguiera activa”.

El expediente también detalla una orden de cobro coactivo por $13 millones más intereses, expedida el 26 de marzo de 2025 por la Dirección Ejecutiva Seccional Cartagena del Consejo Superior de la Judicatura, bajo la resolución DESAJCAGCC25-244.

A esto se suman dos denuncias penales previas: una por fraude a resolución judicial, presentada ante la Fiscalía en noviembre de 2024, y otra por presunto prevaricato por omisión, radicada en diciembre del mismo año contra el alcalde Dumek Turbay y el general Peña Araque.

En la cronología del caso, destacan las siguientes fechas clave:

• 27 de agosto de 2024: el Juzgado 16 emite el fallo con orden de arresto y multa.
• 26 de marzo de 2025: se ordena el cobro coactivo.
• 18 de septiembre de 2025: la Policía y Pachón reciben una tercera notificación.
• 6 de octubre de 2025: Pachón se entrega voluntariamente.

La petición del denunciante cita artículos del Código Penal y del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), entre ellos el 454 (fraude a resolución judicial y abuso de autoridad), el 413 (prevaricato por omisión) y el 34 (deber de los servidores públicos de cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales). De confirmarse la omisión institucional, los implicados podrían enfrentar destituciones, inhabilidades y procesos penales.

Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a exponer las fallas de articulación entre la justicia, la fuerza pública y la administración local. “La permanencia activa de una contratista con orden judicial vulnera el principio de igualdad ante la ley y envía un mensaje devastador sobre el poder de las decisiones judiciales”, advierte el documento remitido a los entes de control.

La controversia mantiene bajo presión a la Policía Metropolitana de Cartagena, la Secretaría del Interior y la Dirección de Función Pública de Bolívar, mientras la ciudadanía exige respuestas que restituyan la confianza en las instituciones.