La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Cipruna) encendió las alarmas por el creciente reclutamiento de menores en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, donde estructuras armadas ilegales estarían vinculando a niños y adolescentes a actividades delictivas como el microtráfico, la vigilancia y el transporte de armas.

Ante la gravedad de la situación, la Cipruna sesionó por primera vez en Barrancabermeja, un punto estratégico y simbólico del conflicto armado en la región. En el encuentro participaron autoridades nacionales, departamentales y organizaciones sociales, con el propósito de construir estrategias conjuntas que garanticen la protección de la infancia frente a la violencia y el control territorial de los grupos ilegales.

De acuerdo con las investigaciones, la reconfiguración del conflicto en el Magdalena Medio ha desatado disputas entre diferentes organizaciones armadas, lo que ha dejado a las comunidades rurales en una situación crítica. En medio de la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades, los menores terminan siendo blanco de reclutamiento y manipulación.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, reconoció la gravedad del fenómeno y la urgencia de una acción coordinada. “El microtráfico se ha convertido en un factor determinante que expone a los niños y adolescentes. Por eso fortalecemos programas de prevención y formación, con más de 3.200 jóvenes capacitados en la región”, señaló el funcionario, citado por BLU Radio.

Por su parte, la subdirectora general del ICBF, Adriana Velázquez, destacó la importancia del encuentro por realizarse en una zona históricamente golpeada por la violencia. “Barrancabermeja es estratégica para la promoción de derechos. Escuchar a los jóvenes que piden un territorio en paz es fundamental para reorientar nuestras políticas públicas”, afirmó.

Velázquez insistió en que la respuesta del Estado debe reflejarse en acciones sostenibles, enfocadas en educación, acompañamiento psicosocial y protección efectiva, especialmente en los corregimientos rurales del sur de Bolívar, donde las condiciones de riesgo son más severas.

Asimismo, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro, reafirmó el compromiso del Gobierno con la niñez y la construcción de paz territorial: “Ni un solo niño debe irse a la guerra. Es un compromiso del Estado y de la sociedad. Vamos a construir un pacto nacional para proteger a nuestros jóvenes del reclutamiento”, expresó.

Durante la sesión, las instituciones acordaron intensificar las campañas comunitarias, reforzar la presencia estatal en zonas vulnerables y fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción contra quienes faciliten la vinculación de menores a grupos armados.

No obstante, representantes de organizaciones sociales advirtieron que, a pesar de los anuncios, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Exigieron que los compromisos asumidos por la Cipruna se traduzcan en acciones reales, continuas y verificables, que devuelvan la confianza a las comunidades y garanticen la protección integral de la niñez.

El encuentro cerró con el compromiso de mantener un seguimiento permanente y convocar nuevas sesiones regionales, con el objetivo de que ningún niño del sur de Bolívar ni del Magdalena Medio vuelva a ser víctima del reclutamiento forzado.