La Comisión Comunitaria de Paz, Reconciliación y Sana Convivencia del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa la vereda Los Robles, en el corregimiento de Villaflor. Según denuncias de la comunidad, Armando Uriel Ávila Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal, habría sido secuestrado por el grupo armado ELN desde el pasado 3 de octubre de 2025.

Habitantes del territorio aseguran que otro grupo armado ilegal también hace presencia en la zona, lo que agrava el panorama y aumenta el riesgo para la población civil. Este escenario ha encendido las alarmas entre las organizaciones sociales y eclesiásticas, que temen un recrudecimiento del conflicto.

En un comunicado público, la Comisión elevó un mensaje de urgencia: “Alzamos nuestra voz por la vida, por la paz, por la permanencia en el territorio, y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, al señor Alto Comisionado para la Paz y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias que garanticen el respeto a la vida e integridad del líder comunitario mencionado.”

La entidad también rechazó cualquier acción que vulnere los derechos humanos o atente contra la autonomía de las organizaciones sociales, insistiendo en que la comunidad debe ser excluida de las dinámicas del conflicto armado.

Asimismo, exhortaron a los actores armados a respetar la vida y la integridad de los civiles, recordando que el municipio ha sufrido por décadas los estragos de la violencia. “Exhortamos a los grupos armados a excluir a nuestras comunidades del conflicto, permitiendo que nuestro municipio pueda avanzar hacia la paz que todos los colombianos anhelamos desde hace más de seis décadas. Agradecemos cualquier gestión que pueda contribuir a la liberación del señor Ávila Chávez y a la paz en la región del Sur de Bolívar.”

La desaparición del líder comunitario ha dejado un ambiente de zozobra e indignación, mientras las autoridades nacionales y regionales aún no se pronuncian oficialmente. La comunidad espera una respuesta rápida que conduzca a su liberación y evite que el hecho se sume a la larga lista de violaciones de derechos humanos en el sur de Bolívar, una de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.