El Gobierno Nacional desistió de aplicar la retención en la fuente del 1,5 % para las transacciones electrónicas, una medida que incluía pagos realizados por Nequi, Daviplata, Bre-B, tarjetas débito, crédito y otras plataformas digitales.

La decisión se tomó después de recibir más de 170 observaciones durante el periodo de comentarios públicos. La mayoría de los aportes coincidió en que la medida podría frenar la inclusión financiera y estimular el uso del efectivo, contrario al propósito de fortalecer la digitalización económica.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la propuesta inicial buscaba “unificar la tarifa de retención para corregir asimetrías regulatorias entre distintos medios de pago”. No obstante, los análisis posteriores revelaron que el impacto sería negativo para la bancarización y la trazabilidad de las operaciones financieras.

Expertos del sector habían advertido que la retención encarecería las transacciones y golpearía a pequeños comercios y trabajadores informales, muchos de los cuales dependen de los pagos digitales para su sustento diario.

En su pronunciamiento oficial, el Gobierno aseguró que mantendrá su compromiso con la modernización del sistema de pagos y la lucha contra la evasión fiscal, pero buscará alternativas que no afecten la confianza en las plataformas electrónicas.