El caso de maltrato animal ocurrido en una vereda del departamento de Bolívar tomó un nuevo rumbo judicial. Alonso Oviedo Sánchez, señalado como el presunto agresor del perro que fue golpeado brutalmente en un video viral, se entregó voluntariamente ante las autoridades en Yarumal (Antioquia).

El hombre, oriundo de Sonsón, llegó a la sede de la Fiscalía con el mismo can que aparecía en las imágenes que generaron rechazo nacional. De inmediato, el animal fue puesto bajo custodia de la Universidad Remington (Uniremington), donde veterinarios forenses confirmaron su identidad mediante un examen pericial.

El estudio, dirigido por el decano de Medicina Veterinaria, Julio César Aguirre Ramírez, estableció que el perro entregado coincidía plenamente con el del video. Este análisis marca un hecho histórico: fue la primera prueba forense aplicada bajo la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), norma que endurece las sanciones por maltrato animal en Colombia.

Actualmente, el perro se encuentra estable y en observación médica. Según la gerente de Bienestar Animal de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, el can será entregado en adopción una vez termine el proceso judicial.

Sin embargo, la libertad del presunto agresor tras la audiencia inicial provocó malestar ciudadano. La Fiscalía de Antioquia no tenía competencia territorial, ya que el ataque ocurrió en Bolívar. Por ello, la investigación fue trasladada a las autoridades judiciales de ese departamento, que ahora deberán definir la imputación de cargos.

El diputado Edison Molina destacó que este caso demuestra avances en la justicia: “El uso de peritajes forenses en animales representa un paso firme en la aplicación efectiva de la Ley Ángel”.

A su vez, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó que este hecho “refleja el repudio ciudadano ante la crueldad y la necesidad de castigos ejemplarizantes”.

La recompensa de hasta 50 millones de pesos, ofrecida por la Gobernación de Antioquia, sigue vigente hasta lograr la judicialización definitiva del responsable. Si Oviedo Sánchez es hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta siete años de prisión y una multa cercana a los 85 millones de pesos, como lo establece la Ley Ángel.