La justicia colombiana condenó a siete años y dos meses de prisión a Claudia Elena Lozano Doria, quien ejerció como funcionaria judicial durante trece años sin ser abogada y respaldada por documentos falsificados. La mujer ocupó cargos de alto nivel, incluso la dirección de la Fiscalía Seccional en La Guajira, mientras realizaba actuaciones propias de autoridad judicial entre 2000 y 2013.

El caso tomó especial relevancia en Magangué porque Lozano Doria es consuegra del alcalde Pedro Alí, vínculo familiar que reactivó cuestionamientos sobre la cercanía entre la mujer condenada y el mandatario. Alí ya enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en contratación pública, varias relacionadas con obras ejecutadas por la firma Construcciones y Suministros PMA, empresa dirigida anteriormente por su hijo.

Según la investigación, Lozano Doria utilizó el diploma y la tarjeta profesional de su amiga María Consuelo Mestre, a quienes suplantó mediante modificaciones de nombres, cédulas y registros académicos. Además, presentó documentos falsos atribuidos a la Universidad del Sinú. El engaño prosperó por fallas internas en los procesos de verificación y por la presunción de buena fe en los nombramientos.

El expediente también mencionó posibles respaldos políticos. Su esposo, Pedro Norberto Castro Araujo, fue cónsul en Roma durante el gobierno de Álvaro Uribe y figura cercana al Centro Democrático en Valledupar, lo que para algunos expertos evidencia un entorno favorable para que Lozano Doria permaneciera en cargos estratégicos durante tantos años.

En Magangué resurgió una pregunta que se ha repetido por años: ¿pudo ese círculo político-familiar influir en la aparente inmunidad judicial del alcalde Alí frente a múltiples denuncias? No existe confirmación oficial, pero la condena contra Lozano Doria volvió a encender la discusión.