La justicia capturó este fin de semana al exalcalde de San Juan Nepomuceno, Jorge Fernando Barrios Guzmán, y a su entonces secretaria de Gobierno, Mirena Mendoza, por su presunta participación en un esquema que habilitó la venta irregular de tierras protegidas en los Montes de María. Ambos permanecen en detención domiciliaria, bajo verificación de la SIJIN.

Las audiencias se desarrollaron en absoluta reserva; sin embargo, fuentes del proceso confirmaron que los exfuncionarios firmaron actas irregulares para levantar restricciones estatales que impedían vender predios bajo protección especial. Aquellas firmas, emitidas desde el despacho municipal, facilitaron que terceros compraran terrenos destinados a garantizar el retorno de familias campesinas desplazadas.

El nombre de Barrios Guzmán ya figuraba en expedientes anteriores. En 2009 estuvo privado de la libertad por presunto concierto para delinquir agravado. Ese mismo año, el exjefe paramilitar Alexis Mancilla García, alias “Zambrano”, declaró ante Justicia y Paz que el entonces alcalde habría pagado tres millones de pesos para ordenar el homicidio de César Enrique Buelvas López, en medio de una disputa por ganado ocurrida en una finca de su propiedad. También lo mencionó por supuestos vínculos con estructuras armadas que operaban en los Montes de María y por eventuales apoyos políticos provenientes de esos grupos.

El caso actual tampoco surgió de la nada. En 2011, la Fiscalía citó a alcaldes, notarios y funcionarios por ventas irregulares de predios protegidos en Sucre y Bolívar. Entre los llamados figuraban Barrios y Mendoza, quienes integraban la instancia municipal encargada de administrar y proteger jurídicamente las tierras: el CMAIPD.

En San Juan Nepomuceno, varias familias recuerdan a Barrios como un mandatario hostil y autoritario. Líderes locales sostienen que en su administración ocurrieron presiones políticas y persecuciones contra quienes denunciaban irregularidades. Campesinos afectados aseguran que las firmas cuestionadas terminaron dejando sus predios en manos de terceros mientras ellos seguían desplazados.

Tras años de denuncias, testimonios y expedientes que nunca se cerraron del todo, el exalcalde y su exsecretaria vuelven al centro de un proceso penal. Ahora deberán responder por un presunto fraude en el despojo de tierras que aún mantiene a decenas de familias esperando justicia.