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Suspenden a comandante de Policía de Bolívar por denuncia de violencia intrafamiliar


Un alto mando de la Policía enfrenta investigaciones penales y disciplinarias tras un hecho ocurrido en Cartagena que hoy genera presión institucional y social.

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20 enero, 2026


La Dirección General de la Policía Nacional suspendió de sus funciones al coronel Alejandro Ernesto Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, luego de una denuncia penal por presunta violencia intrafamiliar en su contra.

De acuerdo con la denuncia y el reporte oficial, los hechos habrían ocurrido la noche del 24 de diciembre en un hotel del sector turístico de Cartagena, donde el oficial se encontraba con su compañera sentimental, Leidy Yisel Castellanos Modera. Según el relato, hacia las 10:00 de la noche se presentó una discusión que escaló rápidamente.

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Durante el altercado, la pareja habría forcejeado por un teléfono celular y, posteriormente, se produjo una presunta agresión física. El caso quedó documentado en un parte médico, el cual registra hematomas, moretones y golpes en distintas zonas del cuerpo de la denunciante. Este material ya forma parte del expediente judicial.

Ante la gravedad de los señalamientos, la Policía Nacional ordenó la suspensión inmediata del coronel Reyes Ramírez por un periodo inicial de tres meses. De manera paralela, la Inspección General abrió una investigación disciplinaria que podría derivar en su destitución y desvinculación definitiva de la institución, si se comprueba responsabilidad.

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En el ámbito penal, la Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena, asumió el caso y avanza en la recolección de pruebas. Entre las diligencias figuran entrevistas al personal del hotel y el análisis de registros de cámaras de seguridad, los cuales podrían resultar determinantes.

“Es inaceptable que un alto mando, cuya misión es proteger la vida y los derechos fundamentales, se vea involucrado en hechos que vulneran la integridad de una mujer”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer exigieron celeridad, rigor y total transparencia en las investigaciones. Además, pidieron que el rango del oficial no influya en el desarrollo del proceso. El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los índices de violencia intrafamiliar en la región Caribe y adquiere especial gravedad por la responsabilidad institucional que ostentaba el oficial suspendido.


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