La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026 por el grave riesgo humanitario que enfrentan comunidades de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en el sur de Bolívar.

La entidad advirtió un recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), frentes del ELN y disidencias de las Farc. Según explicó, la disputa se concentra en el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, clave para economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico y la extorsión.

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Además, la suspensión del cese al fuego con el ELN agravó el escenario. La Defensoría señaló que esa decisión facilitó el repliegue de esa guerrilla hacia la serranía de San Lucas y la expansión de otras estructuras hacia cabeceras municipales, zonas rurales y áreas mineras.

El Sistema de Alertas Tempranas documentó la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y munición sin detonar, así como el uso de drones cargados con explosivos. Estos hechos ya dejaron víctimas mortales, personas heridas y daños en viviendas rurales, especialmente en Montecristo.

Asimismo, la entidad confirmó confinamientos masivos que afectan a más de 3.200 familias. También registró secuestros, trabajo forzado, homicidios selectivos y ataques armados en centros poblados. En varios casos, menores de edad resultaron heridos y comunidades recibieron amenazas mediante listas y control armado. Lea también: Capturan y deportan a alias ‘Mono Candelo’, uno de los más buscados del sur de Bolívar

La Defensoría advirtió un riesgo extremo para niñas, niños y adolescentes, expuestos a reclutamiento forzado, violencias basadas en género y deserción escolar. Las amenazas provocaron el desplazamiento de docentes y la interrupción de clases en zonas de Norosí y Montecristo.

Frente a este panorama, el organismo formuló 18 recomendaciones urgentes. Entre ellas solicitó convocar de inmediato la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), reforzar el control territorial y adoptar medidas para prevenir ataques con drones. También pidió fortalecer la protección integral de la población civil, con énfasis en menores de edad.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las acciones que ponen en riesgo a las comunidades. Además, anunció seguimiento permanente a la implementación de las medidas recomendadas.