La Defensoría del Pueblo advirtió un deterioro del riesgo electoral en el país, con impacto directo en Bolívar y la región Caribe. La alerta se sustenta en el aumento de municipios bajo amenaza desde la emisión de la Alerta Temprana 013 de 2025.

“Eso lo podemos evidenciar por el incremento de municipios en situación de riesgo”, afirmó la defensora Iris Marín Ortiz. Los territorios que requieren acción inmediata pasaron de 62 a 69. Los de atención urgente subieron de 162 a 168. Además, los de intervención prioritaria aumentaron de 425 a 433. En total, 670 municipios presentan algún grado de riesgo.

La funcionaria atribuyó el escenario a un cumplimiento parcial de las recomendaciones institucionales. “Encontramos un nivel de implementación del 42 %. Es decir, un 58 % no se implementó oportunamente”, señaló. A su juicio, existe una “inercia institucional” que limita la efectividad de las medidas preventivas.

Aunque sostuvo que “sí habrá elecciones”, precisó que la principal amenaza no se concentra en el día de votación. El riesgo, explicó, se ubica en la etapa previa. “Estamos evidenciando una intervención de los grupos armados y de criminalidad organizada que está afectando la libertad de los votantes y de quienes hacen campaña”, advirtió.

En el Caribe, la Defensoría identificó presiones asociadas a amenazas, restricciones de movilidad y ataques. Alertó sobre la presencia hegemónica del Clan del Golfo y el crecimiento de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

En los Montes de María expresó especial preocupación por la curul de paz. “El Clan del Golfo está ejerciendo una gobernanza armada muy importante”, afirmó. Según indicó, esa influencia se refleja en prohibiciones de circulación a candidatos con esquemas de protección estatal y restricciones al proselitismo en corregimientos de El Carmen de Bolívar, Córdoba y San Onofre.

Sobre el sur de Bolívar, la defensora señaló disputas entre el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 36 de las disidencias. Además, reveló que integrantes del Clan “abordaron a funcionarios de la Registraduría impidiendo temporalmente sus labores”.

La entidad reiteró que mantiene 20 recomendaciones activas en prevención, protección, coordinación institucional y control de la financiación de campañas. Insistió en fortalecer las investigaciones para evitar incidencias indebidas. También advirtió que los riesgos podrían extenderse después de los comicios, sobre todo si los resultados no favorecen a estructuras ilegales.