La Alcaldía de Magangué decretó calamidad pública por “variabilidad climática”, pese a que el municipio no registra inundaciones masivas, colapso de servicios ni declaratoria formal de desastre. La decisión, firmada por directriz del alcalde Pedro Alí, se produjo a pocos días de las elecciones a Cámara y Senado.

La figura no es menor. La Ley 1523 de 2012 establece que la calamidad pública procede cuando hechos sobrevinientes alteran de forma grave las condiciones normales de la población y exigen intervención inmediata. Además, la norma exige una evaluación técnica de daños y un plan de acción específico. Le puede interesar: Estalla polémica en Magangué: “El Chaply” confronta al alcalde Pedro Alí por cuestionar ayudas a damnificados

Sin embargo, el punto más sensible es la contratación. Con la declaratoria, la administración puede acudir a la contratación directa, sin proceso licitatorio, con sustento en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Esto le permite mover recursos con mayor rapidez, seleccionar contratistas sin concurso público y ejecutar ayudas bajo un régimen excepcional.

En términos prácticos, la medida habilita contratación inmediata, reorientación ágil del presupuesto y ejecución acelerada de subsidios y suministros. No obstante, expertos advierten que la figura no puede emplearse como mecanismo preventivo amplio ni como vía para flexibilizar la contratación ordinaria sin una causa real y comprobada.

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El contexto electoral añade un componente político. La entrega de ayudas, subsidios de arriendo o contratos de suministro puede tener alto impacto si no existe control estricto. Por ello, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Código Penal contemplan responsabilidades cuando una herramienta excepcional se usa sin justificación o con fines distintos a la atención de una emergencia.

Hasta ahora, la administración no ha divulgado un informe técnico detallado que evidencie afectaciones estructurales que configuren una crisis en Magangué. En consecuencia, el debate se centra menos en el clima y más en la legalidad y oportunidad de la decisión. Continue leyendo: Ardila admite ser el candidato del Clan Alí y orgulloso por respaldo del señalado “narco de Cartagena”

La calamidad pública es un instrumento legítimo cuando existe desastre. Sin una emergencia evidente, la medida exige máxima transparencia, especialmente en temporada electoral.