Falta de medicamentos dispara reclamos por servicios de salud en Bolívar
Los reclamos ante la Superintendencia de Salud aumentaron 38 % en un año y la falta de medicamentos concentra casi la mitad de las denuncias.
Por: Méndez Aldana Miguel
7 marzo, 2026
El sistema de salud en Bolívar enfrenta un deterioro sostenido. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en su balance de 2025, que reporta un aumento en quejas, reclamos y acciones judiciales por fallas en la prestación de servicios médicos.
Entre enero y diciembre del año pasado, la entidad recibió 3.585 quejas, cifra que representa un incremento del 2 % frente a 2024. Sin embargo, el aumento más significativo se registró en los reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Según el informe, las reclamaciones pasaron de 41.770 en 2024 a 58.030 en 2025, lo que equivale a un crecimiento del 38 % en un solo año.
La falta de oportunidad en la entrega de medicamentos aparece como la principal causa de inconformidad. Este problema concentra el 45 % de las denuncias. Además, los casos relacionados con fármacos aumentaron de 1.448 en 2024 a 1.775 en 2025, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.
La crisis también se refleja en el aumento de acciones judiciales. Durante 2025, la Defensoría tramitó 1.087 tutelas en Bolívar. De estas, 809 correspondieron a negación en la prestación del servicio, 149 a desconocimiento del principio de eficiencia, 86 a falta de medicamentos, 8 a vulneración de la libre escogencia y 6 al principio de solidaridad.
En paralelo, la Corte Constitucional reportó 9.397 tutelas radicadas en el departamento hasta diciembre de 2025, lo que evidencia la presión que enfrenta el sistema para garantizar la atención.
“Al cierre de 2025, Bolívar contaba con 2.340.315 afiliados al sistema de salud”, informó la Defensoría. No obstante, advirtió que, pese a la amplia cobertura, persisten fallas estructurales en la entrega de medicamentos y en la atención oportuna.
La entidad concluyó que estas deficiencias obligan a miles de usuarios a acudir a quejas formales y acciones de tutela para garantizar el acceso efectivo a la salud, un derecho fundamental protegido por el artículo 49 de la Constitución.








