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Loma de Arena exige indemnizaciones por daños tras erosión y frente frío


Habitantes del corregimiento aseguran que la erosión costera y el reciente frente frío dejaron graves afectaciones económicas y reclaman respuestas urgentes.

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7 marzo, 2026


Habitantes del corregimiento de Loma de Arena, en el municipio de Santa Catalina (Bolívar), exigieron indemnizaciones y ayudas urgentes por las pérdidas ocasionadas por la erosión costera y el reciente frente frío que impactó el Caribe colombiano.

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La comunidad expresó su preocupación en un comunicado firmado por Jeinnys Díaz, integrante del comité Juntos por Loma de Arena, y Roberto Hernández, representante de pescadores y agricultores afrodescendientes. En el documento denunciaron afectaciones directas en la pesca artesanal, la gricultura y el turismo, actividades que sostienen la economía local.

Según el pronunciamiento, las playas presentan un deterioro severo y el último fenómeno climático dejó daños en faenas de pesca, embarcaciones, kioscos, enseres e infraestructura utilizada para la actividad turística. Siga leyendo: Radican plan para nuevo Tacamocho: más de 700 familias esperan traslado definitivo

Comunidad de Loma de Arena reclama indemnizaciones por daños del frente frío

Los líderes comunitarios pidieron compensaciones para pescadores y trabajadores de la gastronomía de playa. También solicitaron la entrega de ayudas humanitarias inmediatas. “No pedimos privilegios; exigimos derechos”, señalaron al reclamar mayor presencia institucional y soluciones estructurales frente al avance del mar.

Por su parte, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo informó que el municipio de Santa Catalina declaró la calamidad pública mediante el Decreto 036 del 5 de febrero de 2026, tras reconocer impactos asociados a frentes fríos, ciclones y erosión costera. El acto administrativo incluye afectaciones en Loma de Arena, entre ellas inundaciones y destrucción de kioscos.

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Sin embargo, la entidad precisó que la gestión de ayudas corresponde inicialmente al alcalde municipal. De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la administración local debe tramitar ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la activación del Registro Único de Damnificados (RUD), requisito necesario para respaldar eventuales apoyos económicos.

Mientras ese procedimiento no se complete, el departamento indicó que no puede emitir un pronunciamiento de fondo sobre indemnizaciones para los afectados.


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