Madres comunitarias que fueron transitadas a la modalidad de Centro de Desarrollo Infantil (CDI) denunciaron presuntas irregularidades administrativas y laborales relacionadas con el funcionamiento del CDI Esperanza del Mañana, en Magangué (Bolívar), pese a que la infraestructura fue construida con recursos públicos para atender a 300 niños y niñas.

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El centro está ubicado en la avenida Diego de Carvajal y tuvo una inversión de $3.700 millones. Fue construido en un área de 2.413 metros cuadrados y cuenta con 16 aulas para niños entre 24 y 60 meses, sala cuna para menores de 3 a 23 meses, baños infantiles y de adultos, cocina, enfermería, lavandería, oficinas y un aula múltiple.

Sin embargo, según las denunciantes, el lugar no está operando con normalidad. Señalan que el ICBF, bajo la coordinación en Magangué de Shadia Hernández Sampayo, habría argumentado falta de recursos para mantenimiento y servicios, lo que mantiene la infraestructura sin uso pleno.

Mientras tanto, aseguran que seis agentes educativas atienden a los menores en espacios alternos, como parques o instituciones prestadas, situación que estaría afectando a más de 300 familias que dependen del servicio.

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Las madres también denunciaron presuntas irregularidades en la contratación. Afirman que varias de ellas fueron excluidas del CDI luego de haber participado en labores de adecuación del centro antes de su inauguración.

Incluso señalan que gestionaron ante el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, la donación de diez aires acondicionados, los cuales habrían sido instalados con su propio esfuerzo.

Según su versión, algunas madres comunitarias transitadas no han sido vinculadas laboralmente, pese a las directrices nacionales que promueven la contratación directa y la formalización laboral para evitar la tercerización en estos programas. En contraste, sostienen que auxiliares sin trayectoria previa en el programa sí habrían sido contratadas.

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Adicionalmente, indicaron que el inmueble estaría bajo responsabilidad de la Alcaldía de Magangué, encabezada por Pedro Alí, por lo que solicitaron claridad sobre la administración y operación del centro.

Las denunciantes advirtieron que la situación podría tener implicaciones legales. El artículo 44 de la Constitución Política establece la prevalencia de los derechos de los niños, mientras que la Ley 1098 de 2006 obliga al Estado a garantizar atención integral en condiciones dignas y seguras.

Además, los lineamientos técnicos del ICBF señalan que los CDI deben operar con infraestructura adecuada y plenamente habilitada para la atención de la primera infancia.

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Las madres comunitarias consideran que mantener una infraestructura de alto costo sin funcionamiento adecuado, mientras el servicio se presta en espacios improvisados, podría constituir una irregularidad administrativa que afecta directamente a la niñez.

“No queremos respuestas a medias. Queremos claridad y soluciones reales”, expresaron.

Finalmente, solicitaron la intervención de los entes de control para que investiguen la situación y se establezcan responsabilidades.