La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades del sur de Bolívar, incluida la Alcaldía de Magangué, para acelerar el cumplimiento de la Sentencia T-163 de la Corte Constitucional, que ordena medidas para proteger el Complejo Cenagoso de Cascaloa y a las comunidades que dependen de este ecosistema.

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Durante una visita a la subregión, la defensora Iris Marín Ortiz recogió testimonios de líderes sociales, pescadores y campesinos, quienes denunciaron el deterioro progresivo del sistema hídrico y sus efectos directos sobre la subsistencia.

En el recorrido, el organismo evidenció una caída del 90 % en la actividad pesquera, una situación que compromete la seguridad alimentaria de cerca de 26.000 personas en al menos 12 comunidades.

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La Sentencia T-163 establece obligaciones concretas para entidades territoriales y nacionales en materia de recuperación ambiental, acceso al agua y protección de medios de vida. Sin embargo, la Defensoría advierte un rezago significativo en su implementación.

“Hay una brecha crítica entre la planeación institucional y la ejecución real”, señaló Marín Ortiz, al insistir en que las soluciones aún no se materializan en el territorio.

Ante este panorama, la entidad instó a las administraciones locales, incluyendo a la Alcaldía Municipal de Magangué, liderada por Pedro Alí, a fortalecer la articulación institucional y ejecutar acciones efectivas que permitan frenar el deterioro ambiental y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades.