La candidatura de Jocho Ardila a la Cámara de Representantes por Bolívar, avalada por el Centro Democrático, quedó envuelta en controversia tras hacerse público el respaldo político de Pedro Aponte, un dirigente local vinculado en expedientes judiciales a uno de los casos más polémicos de los últimos años en Cartagena.

Según informó Noticias Cartagena, Aponte reapareció en actos de campaña acompañando al aspirante. Su presencia reavivó cuestionamientos por su presunta mención en investigaciones relacionadas con el proceso que, en 2022, llevó a la judicialización —luego revertida— de la entonces presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada Benavides.

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De acuerdo con registros judiciales y testimonios citados por el medio local, ese proceso se originó tras un operativo policial en el barrio Manga, donde las autoridades reportaron el hallazgo de estupefacientes y armas en el vehículo en el que se movilizaba Estrada. Sin embargo, semanas después el caso dio un giro sustancial.

Audios, chats y declaraciones bajo juramento de uniformados llevaron a jueces a concluir que el procedimiento habría sido un montaje. Como resultado, las decisiones judiciales permitieron la libertad de los implicados y trasladaron el foco de la investigación hacia un presunto entramado para simular el operativo.

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Según el expediente citado, el plan habría incluido la adquisición de un kilo de cocaína para “sembrarlo” durante el procedimiento, con la participación de intermediarios y agentes de la Policía. En ese contexto, señala que el nombre de Pedro Aponte aparece de forma reiterada en audios y declaraciones incorporadas al proceso.

No obstante, hasta el momento no existe una condena en firme en contra de Aponte. Aun así, el caso dejó consecuencias trágicas. Uno de los policías que habría sido contactado para participar en el operativo se quitó la vida meses después. Antes de su muerte, dejó una declaración en la que afirmó haber recibido presiones y ofrecimientos económicos, versión que hace parte del expediente judicial.

La investigación también menciona a otros actores de la política local y a estructuras criminales que, según los testimonios, habrían facilitado el estupefaciente utilizado en el montaje. Estos elementos continúan bajo análisis de las autoridades. Lea también: Corcultur: la entidad ‘semiprivada’ que avanza con apoyo amplio y busca manejar turismo y patrimonio en Magangué

Aunque el respaldo de Aponte a la campaña de Ardila no constituye por sí mismo una irregularidad, el medio subraya que su presencia en escenarios políticos revive un episodio que dejó serias dudas sobre el uso de prácticas ilegales para dirimir disputas de poder en Cartagena.

Desde distintos sectores se insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes rodean a los candidatos y qué antecedentes cargan, especialmente cuando existen procesos judiciales que aún no se han cerrado del todo. El caso de Gloria Estrada se demostró que fue posible fabricar un operativo judicial con fines políticos. Hoy, con esas heridas aún abiertas, la reaparición de algunos de sus protagonistas vuelve a poner en el centro el debate sobre memoria, transparencia y responsabilidad política.