El coronel retirado del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en la Costa Caribe, hechos conocidos como falsos positivos. Con esta decisión, se expone a una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de prisión.

Figueroa estuvo al mando del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, entre enero de 2004 y julio de 2005. Durante ese periodo, según la JEP, se cometieron múltiples homicidios de civiles que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, con el fin de obtener beneficios institucionales y resultados operacionales.

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En una primera etapa del proceso, el excoronel negó los cargos. Esa postura lo habría llevado a enfrentar una condena ordinaria de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, durante la diligencia judicial decidió aceptar su responsabilidad. “Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad”, expresó ante la Sala de Reconocimiento.

En su intervención, Figueroa afirmó que incurrió en omisiones graves al no detectar que operaciones militares bajo su mando fueron desviadas por sus subalternos hacia acciones criminales, en abierta contradicción con la Constitución y la ley. Con este reconocimiento, el proceso avanzará hacia una nueva audiencia, programada para el 24 de marzo, previa a la definición de la sanción definitiva.

De acuerdo con la JEP, el oficial retirado tendría responsabilidad de mando en 24 hechos, que dejaron al menos 38 víctimas mortales. Entre ellas se cuentan 11 personas desaparecidas forzadamente y nueve sometidas a tortura. La investigación establece que la mayoría de las víctimas eran civiles en condición de vulnerabilidad, incluidos integrantes de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo.

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Este caso se suma a otros procesos relacionados con el Batallón La Popa. En diciembre pasado, el coronel retirado Publio Hernán Mejía fue condenado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras ser hallado responsable de 72 casos de falsos positivos en los departamentos del Cesar y La Guajira.

El reconocimiento de Figueroa reabre el debate sobre la responsabilidad de mando y el papel de la justicia transicional en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en la región Caribe.