El Gobierno Nacional anunció el despliegue de 600 soldados en el sur de Bolívar y Magdalena y la construcción de una nueva base militar en Magangué, luego de un consejo extraordinario de seguridad realizado en Santa Rosa del Sur con presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar y autoridades locales.

La decisión surge tras el ataque con drones explosivos contra un helicóptero del Ejército, hecho que dejó 12 uniformados heridos. Además, se suma a los recientes enfrentamientos armados y desplazamientos registrados en zona rural del municipio de Arenal.

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Durante el encuentro, el ministro explicó que el pie de fuerza del Ejército en la región aumentó un 60 % en el último año. También confirmó la activación de la Brigada 19 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, unidades que reforzarán las operaciones militares en la zona.

Según el cronograma oficial, 300 militares llegarán en las próximas semanas y otros 300 en abril. Con este refuerzo, el Gobierno busca aumentar la presencia institucional y recuperar el control territorial en áreas afectadas por la presencia de grupos armados.

Uno de los ejes centrales de la estrategia será el control fluvial, especialmente en municipios ribereños como Magangué. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la vigilancia en los ríos pasó del 55 % al 70 %, gracias al apoyo logístico de la Gobernación de Bolívar y a la articulación con autoridades del Cesar.

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En el componente policial también habrá refuerzos. Quince municipios del sur de Bolívar aumentaron su pie de fuerza de 146 a 200 uniformados. Además, 50 policías más llegarán en junio y 46 integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) serán desplegados en zonas críticas como Simití.

El ministro también respondió a la carta enviada en enero por alcaldes del sur de Bolívar al presidente Gustavo Petro, en la que solicitaron mayores garantías de seguridad.

“No permitiremos que le ocurra algo a nuestros alcaldes”, afirmó Sánchez.

La estrategia incluye además la construcción de dos bases militares. Una se ubicará en Magangué y la otra en el corregimiento de Las Lobas. Con estas instalaciones, el Gobierno busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y cerrar corredores utilizados por estructuras armadas ilegales en la región.