La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la situación de derechos humanos en el sur de Bolívar, con énfasis en Magangué, donde identificó problemas críticos en seguridad, servicios básicos y sistema carcelario.

Durante su visita a la subregión, la defensora Iris Marín Ortiz evidenció un panorama complejo y pidió a las autoridades acciones urgentes y articuladas.

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Uno de los puntos más graves es el hacinamiento en centros de detención transitoria, que alcanza hasta el 400 %. En la Estación de Policía La Esmeralda, por ejemplo, hay 66 personas en un espacio diseñado para 12, una situación que, según la entidad, vulnera la dignidad humana.

“Se requiere una respuesta urgente para superar esta crisis carcelaria”, advirtió la Defensoría.

A este escenario se suman problemas estructurales como fallas en el servicio de energía, limitaciones en salud y riesgos de seguridad asociados a la presencia de actores armados.

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En materia de orden público, la entidad alertó sobre el aumento de homicidios en el sur de Bolívar, con al menos 18 casos en lo corrido de 2026, además de extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad.

También advirtió un debilitamiento del tejido social, reflejado en la renuncia de líderes comunitarios y el temor frente a procesos como las elecciones de Juntas de Acción Comunal. (Continue leyendo: Gobernación entregó el Sena, pero la Alcaldía de Magangué no lo abre: ¿Qué está pasando con los $10 mil millones?)

Finalmente, el organismo hizo un llamado directo a las autoridades locales, incluido el gobierno municipal de Magangué, para fortalecer la presencia institucional, mejorar los servicios y garantizar la protección de la población.

“Los riesgos no son solo de seguridad, también en garantía de derechos”, concluyó la defensora.