El Consejo de Estado dejó en firme la pérdida de investidura del exconcejal de Magangué Anastasio Enrique Bedoya Cárdenas, al concluir que intervino, a través de un tercero, en un contrato celebrado con la Alcaldía de Magangué, liderada por Pedro Alí pese a que la ley le prohibía participar en ese tipo de negocios por su condición de servidor de elección popular.

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Con esta decisión, el alto tribunal confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y convirtió en definitiva una de las sanciones más severas previstas por la Constitución para quienes ejercen cargos de elección popular: la pérdida de investidura, conocida como la “muerte política”, que implica la pérdida de la curul y la imposibilidad permanente de volver a aspirar a cargos de elección popular.

Un contrato de $12 millones originó el proceso

El caso se remonta al contrato PS-790-2024, suscrito entre la Alcaldía de Magangué y Arnulfo Antonio Cortés Correa para la prestación de servicios de publicidad institucional en medios virtuales a través de AB Televisión, por un valor cercano a $12 millones.

Sin embargo, tras valorar testimonios, documentos remitidos por la Fiscalía, la trazabilidad de los pagos y demás elementos probatorios, el Consejo de Estado concluyó que quien realmente promovió y gestionó la contratación fue Anastasio Bedoya, utilizando a un tercero para eludir la prohibición legal de contratar con el municipio.

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Además, el fallo señala que quedó acreditado que el entonces concejal obtuvo un beneficio económico derivado del contrato y actuó con pleno conocimiento de la incompatibilidad que le impedía intervenir en ese tipo de negocios con la administración municipal.

La defensa no logró desvirtuar las pruebas

Durante el proceso, la defensa sostuvo que Bedoya nunca firmó el contrato, no participó en la selección del contratista y tampoco recibió pagos directamente de la Alcaldía de Magangué.

No obstante, el Consejo de Estado concluyó que el conjunto de las pruebas demostraba que la contratación se realizó por interpuesta persona, conducta que configura una violación al régimen de incompatibilidades establecido para los concejales.

Con esta decisión, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo cerró definitivamente el proceso y dejó ejecutoriada la sanción contra Anastasio Bedoya, poniendo fin a su carrera política bajo la investidura que le otorgaron los ciudadanos.