La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el avance del Clan del Golfo en Magangué, Bolívar. Mediante la Alerta Temprana 024 de 2026, el organismo advirtió sobre riesgos para la población urbana y rural ante el control territorial que ejercería una subestructura de esta organización armada ilegal.

Según el documento, la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, adscrita a la estructura Arístides Manuel Meza Páez, mantendría un dominio hegemónico en 27 barrios distribuidos en las cinco comunas del municipio, además de varios corregimientos de la sabana y la ribera fluvial, entre ellos Henequén, Juan Arias, Cascajal, Retiro, Las Martas y Tacaloa.

Te puede interesar: Entre balas y temor: Magangué suma al menos 17 atentados en lo corrido de 2026

Las cifras incluidas en la alerta dimensionan la situación: durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 23 homicidios y 11 personas heridas en ataques sicariales. A esto se suman los reportes de comerciantes, quienes recibirían entre 12 y 15 llamadas extorsivas al día.

El organismo también advirtió sobre restricciones a la movilidad, imposición de controles de precios y cobros de extorsiones, conocidos como vacunas. Asimismo, señaló la presunta instrumentalización de líderes comunales para recaudar estos pagos y el posible reclutamiento de jóvenes de sectores como El Prado y Nueva Colombia, quienes serían trasladados al sur de Bolívar para recibir entrenamiento militar.

Continua leyendo: Defensoría pide acciones urgentes ante panorama crítico en Magangué

La alerta pone especial atención en las comunidades expuestas a múltiples formas de violencia. De acuerdo con las cifras citadas por la Defensoría, Magangué registra 44.599 víctimas del conflicto armado, de las cuales 43.955 han sufrido desplazamiento forzado.

Entre los grupos en riesgo también figuran consejos comunitarios afrodescendientes, cabildos indígenas, pescadores y ambientalistas que trabajan en la protección del complejo cenagoso de Cascaloa.

Sepa más: Defensoría exige cumplir fallo sobre el Complejo Cenagoso de Cascaloa en Magangué

Frente a este escenario, la Defensoría formuló 32 recomendaciones dirigidas a distintas entidades para reforzar las acciones de seguridad, aumentar los patrullajes terrestres y fluviales y activar medidas de protección para líderes sociales y comunidades amenazadas. Entre las instituciones requeridas están el Gobierno Nacional, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Magangué.

La entidad precisó que la alerta tiene carácter preventivo y busca que las autoridades adopten medidas oportunas para proteger la vida y la integridad de los habitantes. El llamado pone sobre la mesa la necesidad de responder a los riesgos advertidos antes de que se agraven las afectaciones a la población.